El Gobierno de la Nación ha decidido incrementar la presión de la Inspección de Trabajo sobre las empresas de todo tamaño y autónomos también para evitar fraudes con los ERTEs en un momento en que se han convertido en un instrumento fundamental para garantizar la ocupación de miles de trabajadores en el país.
La orden de ‘apretar’ que ha recibido la Inspección de Trabajo viene directamente del Gobierno y será más evidente cuando finalice el período de vigencia de los expedientes de regulación temporal. Es un dato que apuntaba el periódico FARO DE VIGO en un informe que publicó este fin de semana en el que señalaba, citando a diversos bufetes de abogados de la provincia. Señalan que “las inspecciones aumentarán más notablemente cuando los ERTE finalicen y empiecen a ser revisadas muchas solicitudes”.
Vaticinan que “se producirán tanto más denuncias anónimas ante la Inspección de Trabajo como demandas por parte de trabajadores a sus empleadores”, algo que, en buena parte, cree que se deberá al ahogo de las pymes por los efectos económicos de la pandemia. “En determinados sectores esta situación se está volviendo insostenible e irreversible ya para las próximas semanas o meses”, según valoran.
