La actual concesionaria de la Autopista del Atlántico ha amenazado con una reclamación record de daños y perjuicios si el Gobierno de España le requiriese a cesar en la concesión de la explotación de la AP-9 antes de 2048.

La empresa concesionaria ha aprovechado una emisión de obligaciones para advertir por escrito ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores que en caso de ser anulada su concesión reclamará más de 1.000 millones de euros como compensación.

«Cualesquiera medidas que pudieran contemplar la modificación o terminación del vigente contrato de concesión por causa no imputable a AUDASA y por razones de interés público, implicaría en todo caso y conforme a la legislación vigente el derecho a ser debidamente indemnizada, indemnización que a juicio de AUDASA sería significativamente superior al importe actual de su deuda», avisa tanto a sus inversores como a la propia Administración.

Como señala la empresa en el folleto de presentación de la emisión de obligaciones para este noviembre por valor de 300 millones, la deuda de la concesionaria ascendía a 30 de junio pasado a 1.065 millones de euros. Pero, como adelanta Audasa, la indemnización no se limitaría a dicha cifra. El valor de la autopista, las inversiones que la empresa recuperaría a lo largo de toda la vida de la concesión, las cifra en 1.534 millones de euros, de los que apenas ha amortizado un tercio, según sus cuentas anuales. El resto de esa cantidad engrosaría la factura de la supuesta indemnización, además de la deuda contraída, y a mayores el lucro cesante, la ganancia potencial dejada de obtener desde el momento en el que se revocase la concesión hasta el final del contrato.

Por eso Audasa alude a una cifra «significativamente superior» al importe de su deuda. Esta rebasaría incluso los 2.000 millones de euros por los tres conceptos mencionados.