Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico declararon que los atascos y retenciones que se registraron durante las obras de ampliación del puente de Rande sí que hubo atascos considerables, agravados los días que llovía, según manifestaron. Los agentes de la Guardia Civil llegaron a recordar algún caso puntual en que el colapso fue de tal magnitud que tuvieron que impedir el acceso a la Autopista de más coches «porque ya no entraban más».

Como si fuera el día y la noche, los peritos aportados por «Audasa» pintaron un cuadro diametral: dijeron que las incidencias que se produjeron  fueron retenciones puntuales e incluso llegaron a decir que «por causas ajenas a las obras» y le pasó la culpa a la DGT por no haber advertido a los conductores de que podían encontrarse atascos y retenciones .

El juicio quedó visto para sentencia que deberá dictar el juez Manuel Marquina, titular del Juzgado Mercantil nº 1 de Pontevedra.

La Fiscalía de Pontevedra espera que el Juez condene a «Audasa» por que durante los tres años de obras de ensanche del puente de Rande, «el tramo Pontevedra-Vigo no reunía las condiciones de autopista y por tanto la concesionaria debería haber reducido el precio del peaje. Los dos fiscales que han llevado la acusación pública contra «Audasa» fueron Alejandro Tuero y Santiago Miguel Cruces que imputaron a la concesionaria haber cobrado de modo abusivo a los conductores durante las obras de ampliación del puente de Rande.

Los fiscales acusaron a a «Audasa» de no haber prevenido ni informado a los conductores de las deficiencias de la AP9 durante las obras.

Ambos instaron al juez Marquina a aprovechar la oportunidad de dictar una sentencia que demuestre que en Galicia si se protege desde primera instancia los derechos de los consumidores»

Por su parte el Abogado del Estado defendió que cobrar el peaje era «lo legal» y citó que en aplicación de la Lei de Autopistas y del contrato en vigor entre Audasa y el Ministerio de Fomento, la concesionaria debe mantener el cobro y los conductores debemos pagar. Y como colofón de semejante argumentación, el Abogado del Estado aviso que si se condena a «Audasa» estima que «hay un gravisimo riesgo de que el importe de lo que tenga que devolver Audasa retorne como un boomerang contra los Presupuestos Generales del Estado».