El Gobierno aprobó en el consejo de ministros de ayer martes las condiciones de la línea de avales para asegurar la liquidez de pymes, autónomos y grandes empresas afectadas por el parón económico generado por la actual pandemia y ha puesto en marcha un primer tramo con un importe por 20.000 millones de euros para garantizar los préstamos que soliciten.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que los avales públicos alcanzarán el 80% de los préstamos a pymes y autónomos, mientras que para el resto de empresas cubrirá el 70% de los nuevos préstamos concedidos y el 60% en las renovaciones.

La medida afecta tanto a los préstamos nuevos como a los ya concedidos, tendrán carácter retroactivo desde el 18 de marzo y su duración será igual a la de los créditos, con un máximo de cinco años. La ministra ha explicado que esta línea de crédito servirá para atender necesidades de financiación derivadas de pago de salarios, circulante y facturas.

Decepción entre autónomos y gestorías
Pymes y autónomos esperaban algo más que hiciese más llevadera su situación financiera, más que precaria por los cierres forzosos por la alerta sanitaria y la caída en picado de la demanda. En concreto, en algunos círculos profesionales, como los de los gestores administrativos y asesores fiscales, se intuía que Hacienda podía dar su brazo a torcer y ampliar el plazo de presentación de impuestos.

Hacienda mantiene incólume el calendario de obligaciones fiscales. Entre ellas la declaración trimestral del IVA con plazo hasta el 20 de abril. Ante esa situación, las asociaciones de autónomos habían reclamado postergar esos plazos de presentación, proponiendo para ello que los correspondientes al primer trimestre (IVA, pagos fraccionados del IRPF o arrendamientos) se pudieran presentar de forma conjunta con los del segundo trimestre, hasta el 20 de julio.

Frente a esa postura, la Agencia Tributaria se escuda en que los trámites se pueden hacer por vía telemática y que además el Gobierno da una moratoria que permitirá que todas aquellas empresas que facturen menos de seis millones de euros al año puedan pedir un aplazamiento de sus impuestos durante un período de seis meses, los tres primeros sin intereses. De esta forma, defienden, los pagos que tuvieran que realizar ahora podrían posponerlos, sin coste, a julio.