El BOE del día 27 de octubre de 2021 publicó el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor. Esta norma, que entrará en vigor el próximo 27 de abril, modifica sustancialmente la información que tienen que registrarse cuando formalizan la entrada de un cliente. La obligación alcanzará a hoteles, casas de turismo rural y viviendas de uso turístico, es decir a todas las modalidades de alojamiento.
En concreto, se pasa de la escueta ficha actual (nombre, apellidos y DNI) a tener que registrar a todos los turistas (incluidos los menores de 14 años con datos proporcionados por sus acompañantes) con un número de campos altísimo. Así, se pedirá nombre, apellidos, sexo, tipo de documento de identidad y número, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual, dirección completa, teléfono fijo y móvil, correo electrónico, numero de viajeros y relación de parentesco entre ellos (en el caso de que alguno sea menor de edad).
También habrá que detallar los detalles de la transacción: datos del contrato, número de referencia y firmas; información de la ejecución del contrato como fechas de entrada y salida, datos del inmueble y su dirección, número de habitaciones y si tiene conexión a internet; también el tipo de pago (efectivo, tarjeta de crédito, plataforma de pago, transferencia…), identificación del medio de pago (tipo de tarjeta y número, IBAN cuenta bancaria, solución de pago por móvil…), titular y fecha de caducidad de la tarjeta, si procede.
Todo esto en cada entrada que se haga, imputando a los establecimientos la responsabilidad de la exactitud de los datos que se hagan constar. La información se tiene que comunicar cuando se realiza la reserva o se formaliza el contrato, además de al inicio de los servicios contratados. Las sanciones por incumplimiento de la obligación de registro y comunicación conllevan multas de hasta 30.000 euros, según viene en el texto del decreto.
Aunque el nuevo sistema de registro supuestamente entra en vigor el próximo 27 de abril de 2022, la obligación de comunicación al centro de datos de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil no es operativa hasta el día 1 de enero de 2023.
INVIABLE
Asociaciones patronales del sector turístico como Federación Provincial de Hostelería de Pontevedra (Feprohos) y la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Pontevedra (Asehospo) han expresado su «indignación y rechazo a la Ley que obliga a triplicar los datos de los clientes que se envían a las fuerzas de seguridad».
Las asociaciones del sector consideran que es inviable cumplir con estas nuevas y exigentes obligaciones de registro e información de las personas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.
