Una sentencia de la Audiencia Nacional, recurrible en casación ante el Tribunal Supremo, hipoteca el futuro de los terrenos que durante años ocupó la fábrica de PONTESA que perteneció al Grupo de Empresas Alvarez. La sentencia, similar a la que ese mismo tribunal dictó contra «ENCE» en Lourizán, cuestiona la ocupación de terrenos en zona marítimo terrestre.
Como en el caso de ENCE, antes de Elnosa y ahora de Pontesa, los gobiernos municipales de Fernández Lores han venido presentando recursos contra la permanencia de esas fábricas en terrenos marítimo terrestres. El alcalde se felicitó de la sentencia de la Audiencia Nacional que «ademais ven a confirmar unha liña argumental como comprobamos no caso anterior de Ence», manifestó el regidor nacionalista.
El recurso del Concello de Pontevedra estimado por la Audiencia Nacional contra la ampliación por veinte años de la concesión, un permiso que la Dirección General de Costas otorgó en diciembre de 2017 a Itaipú-Trade SL, empresa vinculada al sector inmobiliario. La nave está dedicada a almacenaje y logística hoy en día, pues desde los años 2.000 dejó de ser fábrica de cerámica y loza que había pertenecido a la empresa pública Alvarez y después fue privatizada.