Seguramente hoy no se sabrá el resultado de las deliberaciones del tribunal pero será inminente que se comunique a las partes personadas. Entre ellas, el Concello de Pontevedra y asociaciones como la ecologista «Greenpeace». Asimismo están personados los trabajadores de ENCE que, de hecho, fueron quienes hace una semana nos circularon a los medios de comunicación que hoy se producirá la deliberación y votación de los recursos presentados contra la prórroga que el Gobierno de Rajoy otorgó a ENCE para prolongar su presencia en Lourizán hasta 2073. 

Greenpeace y el Concello de Pontevedra presentaron un recurso ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Medio Ambiente dictada por el Gobierno de Mariano Rajoy, por la que Ence podía permanecer en la ría de Pontevedra durante sesenta años más. La organización ecologista y el Ayuntamiento consideran que la empresa desarrolla una actividad industrial incompatible con el dominio público marítimo terrestre y que puede tener otra ubicación.

Ence, por su parte, viene reclamando seguridad jurídica para poder seguir operando y acometer las inversiones millonarias pendientes en la fábrica de Pontevedra. 

Entretanto se produjo el allanamiento del Estado —la decisión del Gobierno de no defenderse y hacer suyas las tesis del Concello de Pontevedra y de Greenpeace—. Ence formuló sus alegaciones y se abrió un período en el que los magistrados de la Audiencia Nacional evaluaron los escritos de la Abogacía del Estado, que modificó su criterio de los últimos años para allanarse, y del grupo empresarial.