El Gobierno de España tendrá que asumir la condición impuesta por la Unión Europea y deberá ampliar a 30 años, el plazo de cálculo de la pensión a cobrar por los trabajadores que se jubilen a partir del próximo año 2022.
La recepción de los fondos europeos tiene condicionalidad y el Gobierno deberá cumplir con las directrices que llegan desde Bruselas. Una primera parte amable de la reforma de pensiones ya está en el Parlamento, la que liga las subidas con el IPC y premia el retraso voluntario del retiro, y ahora el Gobierno deberá comenzar a negociar con los agentes sociales una segunda parte, la más dura, la que debe ajustar el gasto y devolver al sistema al superávit. Y en esta segunda parte, Bruselas obliga a España a ampliar el periodo de cálculo de las pensiones en 2022 para que se ponga en marcha de manera paulatina a partir del 2023.
El compromiso forma parte del acuerdo con la Comisión Europea para implementar el plan de recuperación de España, y ya provocó un gran revuelo en el seno del Ejecutivo a finales del año pasado cuando trascendió una propuesta para elevar de 25 a 35 años ese periodo de cálculo de las nuevas nóminas.