Mientras el presidente Pedro Sánchez y el resto de su gobierno estaban de vacaciones, se ha ido esfumando la posibilidad de aprovechar la mejoría climática en el caladero de Terranova a fin de haber realizado las inmersiones necesarias para esclarecer lo que pasó con el pesquero «Villa de Pitanxo» aquel 15 de febrero.
Las familias de doce de las víctimas que permanecen desaparecidas, no salen de su perplejidad ante el desinterés del Gobierno de la Nación y la falta de empatía con su caso.
La petición de las familias para que el Gobierno fletara esta misión submarina no ha sido atendida. El Gobierno Central ha echado mano de subterfugios como supeditar una decisión así a lo que determine la investigación oficial del accidente que realizan el propio Ministerio de Transportes, y por otra parte, la autoridad judicial.
Para colmo persiste el debate sobre si debe ser la Audiencia Nacional o bien, un juzgado de Vigo, quienes lleven la investigación judicial que, de momento, ha surtido algunas consecuencias. Recordemos que el propio magistrado Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional quien abrió diligencias contra el patrón del pesquero, Juan Padín y contra la armadora, Pesquerías Nores, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y encubrimiento.