La asociación ecologista APDR difundió ayer el fallo de la Audiencia Nacional que vuelve a considerar ilegal la prórroga que en 2016 le dio el Gobierno de Rajoy a la empresa ENCE para prolongar su permanencia en la ría de Pontevedra. Los argumentos son los mismos que en el caso de los fallos anteriores de la Audiencia Nacional en los recursos presentados por el Concello de Pontevedra y Greenpeace.
Hasta ahí todo normal. La sorpresa saltó cuando el actual Gobierno de la Nación, a través del Ministerio de Transición Ecológica valora que deberá plantearse un calendario razonable para la salida ordenada y la demolición de la fábrica en Lourizán como ocurre con su antigua vecina, ELNOSA. La valoración gubernamental a raíz de este tercer fallo contra ENCE
Semejante valoración que obtuvo y que difundió la agencia informativa Europa Press, se atribuye a «fuentes del Ministerio de Transición Ecológica» (que no se identifican) y suponen la primera vez que desde el actual Gobierno de la Nación se plantea semejante posibilidad.
A pesar de que el pleito judicial continua con los recursos que ENCE y otros han presentado ante el Tribunal Supremo, y que al mismo tiempo ya se han celebrado tres reuniones de la mesa de diálogo sobre el futuro de la fábrica, la declaración del Gobierno parece un palo en la rueda a que las negociaciones vayan a prosperar.
