Este viernes, a partir de las 11 horas de la mañana y en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, tendrá lugar la segunda reunión de la mesa de negociación sobre ENCE, convocada por el Gobierno Central sin la ministra Teresa Ribera quien finalmente no asistirá. En su lugar acudirá Hugo Morán, Secretario de Estado de Medio Ambiente.

Para los trabajadores de ENCE y para los demás usuarios y operarios afectados por la continuidad de la pastera, ha sido un bajón que la ministra de Transición Ecológica no acuda a esta segunda reunión, como garantía de que la mesa tiene futuro y puede generar esperanzas de una solución dialogada.

Como consecuencia de que no venga la ministra, la empresa ENCE ha decidido que no vendrá su máximo directivo, Ignacio de Colmenares, CEO de la pastera. En su lugar le representará Antonio Casal, director de la biofábrica de Lourizán.

Quienes sí han confirmado que estarán son Francisco Conde, conselleiro de Economía y vicepresidente segundo de la Xunta de Galicia, y Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra. Y eso pese a que la posición del Concello es de «escepticismo con el resultado de esta mesa por una cuestión básica: creemos que los que tienen verdadera responsabilidad en esta actuación, me refiero a la empresa y a la Xunta, van a esta mesa como un mero trámite y no con la idea de aportar o tomar una decisión clara o de hacer el esfuerzo para una futura reubicación de la planta en Galicia”, según la versión trasladada por la portavoz municipal Anabel Gulías.

Además está previsto que en el encuentro participen representantes de los comités de empresa, del sector forestal y logístico y de las empresas auxiliares

Después de que se conociera la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la prórroga de la concesión de Costas en Lourizán, los trabajadores se han movilizado activamente para evitar el cierre de la factoría, la última vez, el pasado sábado, en la salida de la penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España en Sanxenxo.

Mientras que Ence apuesta todo al recurso que interpondrá ante el Tribunal Supremo, la Xunta remite al Estado, a que busque una solución jurídica para que la fábrica continúe en Lourizán, pues no considera realista un hipotético traslado.