Torpedo judicial en la línea de flotación del gobierno de coalición PSOE/Podemos. El juez García Castellón imputa judicialmente al vicepresidente Pablo Iglesias por el llamado «caso Dina». Y ya que Pablo Iglesias es aforado por su condición de diputado y alto cargo del Gobierno de la Nación, solicita al Tribunal Supremo que le levante ese aforamiento para que pueda ser juzgado por denuncia falsa, revelación y daños informáticos.
El caso Dina, una causa que comenzó en marzo de 2019, vuelve a salpicar a Pablo Iglesias y muchas voces piden ya incluso su dimisión tras la petición del juez al Supremo para que le investigue.
Todo se remonta a noviembre de 2015, cuando un móvil robado a una colaboradora cercana a Iglesias y encontrado después en los registros de la ‘operación Tándem’ (en la que fue detenido Villarejo), provocó la apertura de una pieza separada al caso Villarejo. Dina Bousselham era la exasesora de Iglesias y el robo del móvil ocurrió en el IKEA de Alcorcón.
Ya en enero de 2017, Iglesias devolvió la tarjeta a Dina, aunque deteriorada: ella no pudo acceder al contenido de la misma. Antes, el digital «OK Diario» que dirige Eduardo Inda, publicó las capturas de las conversaciones de Telegram que contenía la tarjeta de memoria, por lo que Podemos denunció una campaña para perjudicar a su formación con la filtración de dichas conversaciones.
