El Juzgado Mercantil 1 de Pontevedra alberga desde hoy un juicio histórico. Se trata de discernir si la concesionaria de la Autopista del Atlántico tuvo una actuación reprobable cobrando el importe íntegro de los peajes en el tramo Pontevedra-Vigo durante los atascos que se generaron en la AP-9 a causa de las obras de ampliación del puente de Rande.
La demanda fue presentada por la Fiscalía de Pontevedra y a ella se adhirieron dos asociaciones «En Colectivo» y «Adicae» así como varios particulares.
EL fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro será el encargado de defender la acusación contra Audasa. Solicitará que se condene a Audasa a devolver los importes cobrados en el tramo de Rande entre el 27 de febrero del 2015 y el 1 de junio del 2018.
La Fiscalía dice que en ese período, según datos de la propia Audasa, se registraron 77 millones de tránsitos y la concesionaria recaudó 90 millones de euros por el paso de vehículos ligeros.
Por su parte la concesionaria se defenderá argumentando que: no hubo atascos (¿?); que las posibles incidencias eran comunicadas a los conductores en los paneles informativos de la propia AP9 o en la web de la DGT. De modo que según Audasa, no corresponde devolución alguna de peajes.
El último en entrar en escena es el Gobierno que decidió que se personase en el juicio la Abogacía del Estado. La tésis que va a defender es que no hay lugar a la acusación de la Fiscalía contra «Audasa».
