La Xunta de Galicia ha pedido endurecer las penas contra los okupas para disponer de un instrumento coercitivo ante el creciente avance de casos en nuestra comunidad.
Dos informes encargados por la Xunta respaldan la reclamación de la administración autonómica que solicita al Gobierno central una reforma de los códigos Civil y Penal para elevar las penas por ocupación ilegal de viviendas. Los documentos fueron elaborados por los profesores de Derecho Penal Santiago Brage (USC) y Silvia Valmaña (UCLM).
Actualmente existe inseguridad jurídica en torno a este asunto, que hace que muchos gallegos no pongan a disposición para alquiler sus pisos y casas. Durante el tercer trimestre del año Galicia registró «una ocupación cada día».
Además de solicitar información oficial en torno al número de viviendas ocupadas de forma ilegal en Galicia, la Xunta ve necesario acometer modificaciones de los códigos Penal y Civil para aportar mayor «seguridad jurídica» de cara a actuar ante este tipo de episodios y también ejercer como un elemento «disuasorio». No puede ser que esté más penado la extracción de un teléfono móvil que una ocupación ilegal, ha aseverado la conselleira Vázquez, que también ha puesto el foco en que es preciso agilizar los procesos de desalojo dotando de mecanismos a las fuerzas de seguridad, prohibir los empadronamientos en domicilios ocupados y «habilitar» a las comunidades de vecinos para que «puedan actuar» ante estos episodios.
Según la conselleira, la legislación en España ha quedado «obsoleta» para hacer frente a una problemática que, dice, se ha convertido en «normalidad» debido en parte a los decretos aprobados por el Gobierno durante el estado de alarma que paralizaron los desahucios y desalojos.
